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El Gobierno de Ecuador estima que el reciente acuerdo de comercio recíproco firmado con Estados Unidos permitirá duplicar las exportaciones no petroleras hacia ese mercado, pasando de $6.500 millones a $13.000 millones hasta 2030. Así lo explicó el ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, quien además aclaró los principales puntos que han generado debate en torno al instrumento en diálogo con diario El Universo.
Un acuerdo provisional, pero estratégico
El ministro Jaramillo precisó que el acuerdo firmado el 13 de marzo es de carácter provisional debido a la vigencia de una sobretasa del 10 %, que se mantendrá por 150 días, hasta el 24 de julio.
Este esquema, basado en normativas comerciales estadounidenses, podría modificarse en los próximos meses, mientras ambas naciones avanzan en ajustes y nuevas condiciones.
A pesar de ello, el funcionario enfatizó que lo más importante fue lograr la firma, ya que posiciona a Ecuador dentro del grupo de países con acuerdos activos con Estados Unidos, lo que —según indicó— representa una ventaja estratégica frente a otras economías de la región.
Beneficios frente a no firmar
De acuerdo con el titular de la cartera de Producción, no suscribir el acuerdo habría sido más perjudicial, ya que Estados Unidos ya analiza medidas comerciales que podrían implicar sobretasas a países sin este tipo de instrumentos.
En ese contexto, el acuerdo actuaría como un mecanismo de protección para los productos ecuatorianos, permitiéndoles mantener o mejorar su competitividad en el mercado estadounidense.
¿Qué implica realmente el acuerdo?
Jaramillo aclaró que el instrumento no establece obligaciones automáticas ni “medidas espejo” frente a decisiones de Estados Unidos. Es decir, Ecuador no está obligado a replicar restricciones comerciales que adopte ese país, salvo en casos puntuales relacionados con seguridad.
Asimismo, descartó interpretaciones que señalaban que el acuerdo permitiría el ingreso de ropa o vehículos usados al país. Explicó que la cláusula correspondiente se refiere exclusivamente a bienes remanufacturados, no a productos de segunda mano.
Energía, inversiones y contratación pública
El acuerdo también contempla la posibilidad de financiamiento por parte de entidades estadounidenses como el EXIM Bank y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional, orientado a sectores estratégicos del país.
En cuanto a la contratación pública, el ministro enfatizó que no se trata de un “cheque en blanco”, sino de un compromiso para fortalecer la transparencia en los procesos, sin obligación de adjudicar contratos a empresas específicas.
También aclaró que menciones a proyectos como el campo Sacha responden a ejemplos dentro del documento y no implican compromisos concretos con actores determinados.
Impacto económico y generación de empleo
Uno de los principales argumentos a favor del acuerdo es su potencial impacto económico. El Gobierno proyecta que el 57 % de las exportaciones ecuatorianas podrían ingresar a Estados Unidos con arancel 0 % una vez que el acuerdo entre en vigor.
Además, se estima la generación de hasta 200.000 empleos en los próximos cinco años, impulsados por el crecimiento del comercio exterior y la llegada de inversiones.
Actualmente, Ecuador ya ha mostrado un crecimiento sostenido en sus exportaciones no petroleras hacia ese mercado, con un incremento del 106 % en los últimos cinco años.
Un primer paso hacia un acuerdo mayor
El ministro Jaramillo señaló que este instrumento debe entenderse como un paso inicial hacia un acuerdo comercial más amplio.
A través del Consejo de Comercio e Inversiones (TIC), ambos países mantendrán un canal de diálogo permanente, con una próxima reunión prevista en Quito, donde se analizarán posibles mejoras al acuerdo.
“Es una oportunidad para crecer, generar empleo y fortalecer la relación comercial”, sostuvo el funcionario, quien también anunció que el Gobierno socializará el contenido del acuerdo con distintos sectores productivos a nivel nacional.
Debate abierto
Pese a las proyecciones oficiales, el acuerdo ha generado diversas interpretaciones y cuestionamientos en sectores económicos y políticos, que piden mayor claridad sobre sus implicaciones a largo plazo.
Sin embargo, el Ejecutivo insiste en que el instrumento representa una oportunidad para ampliar mercados y consolidar la presencia de productos ecuatorianos en uno de los destinos comerciales más importantes del mundo.
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