El Municipio de Guayaquil enfrenta una nueva crisis administrativa. Autoridades locales denuncian un bloqueo masivo de contratos por parte del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP). Este incidente afecta directamente 46 procesos de contratación. Según el coordinador jurídico, César Poveda Valdivieso, la suspensión impacta obras esenciales. Además, compromete la seguridad y programas sociales en la ciudad.
Poveda explicó en rueda de prensa que 33 procesos corresponden al municipio propiamente dicho. Los restantes 13 involucran empresas públicas asociadas. La paralización inició el 19 de febrero de 2026. Por otro lado, el funcionario califica esto como una represalia disfrazada de trámite administrativo.
Entre los proyectos detenidos destaca la reconstrucción del mercado del Guasmo Norte. También se incluyen el soterramiento de redes en Urdesa y repotenciación en Sauces. Además, el mantenimiento vial en el Suburbio y norte de Guayaquil queda en pausa. La adquisición de luminarias y modernización tecnológica sufren igual suerte. Por consiguiente, estos retrasos generan incertidumbre en la planificación municipal.
Los Centros Especializados de Tratamiento a Personas con Consumo Problemático de Alcohol y otras Drogas (CETAD) enfrentan interrupciones. Poveda enfatizó que esto agrava los problemas de violencia urbana. Mientras tanto, los contratos para mantenimiento de la Metrovía y señalización semafórica permanecen suspendidos. La seguridad en la terminal terrestre y parques deportivos también se ve afectada.
Antecedentes del conflicto recurrente
Este no es un incidente aislado en la relación entre el Municipio y SERCOP. En noviembre de 2025, el Cabildo denunció la paralización de 41 procesos. Algunos de ellos relacionados con seguridad y comunicación. Por ejemplo, se bloquearon contratos para difusión de servicios municipales. Además, la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) se sumó a las críticas.
En diciembre de 2025, el Municipio declaró desiertos 14 procesos bajo protesta. Estos incluían campañas de salud y eventos culturales como el Festival de Arte al Aire Libre (FAAL). Poveda señaló entonces que un contrato permaneció bloqueado por un año entero.
A inicios de febrero de 2026, surgió otro bloqueo de siete contratos de comunicación. Esto ocurrió tras declaraciones del alcalde Aquiles Álvarez sobre inseguridad nacional. El Municipio tildó la medida de represalia política. Además, criticó la interpretación inconsistente de excepciones legales por SERCOP.
La Agencia de Regulación y Control de Energía (ARCH) sumó tensiones al suspender el catastro industrial. Esto complica aún más la gestión local. Por consiguiente, el patrón de bloqueos administrativos persiste. En este contexto, Guayaquil, con más de tres millones de habitantes, exige autonomía presupuestaria.
Impactos en infraestructura y servicios urbanos
Según la administración municipal, la suspensión actual frena el mantenimiento vial en la Vía a la Costa. Esto aumenta los riesgos de accidentes en rutas clave. Además, la falta de luminarias reduce la disuasión contra la delincuencia común. Poveda afirmó que ciudades iluminadas registran menores índices de criminalidad. Por otro lado, la interrupción tecnológica afecta trámites digitales en ventanillas municipales.
La modernización de infraestructura incluye software para monitoreo de gestión. Sin esto, la eficiencia administrativa disminuye notablemente. En consecuencia, los tiempos de respuesta a los ciudadanos se alargan. Mientras tanto, el control de procesos internos queda comprometido.
Programas sociales como los CETAD enfrentan un panorama crítico. En un contexto de altos índices de violencia, estos centros intervienen en factores estructurales. La dependencia de sustancias agrava la criminalidad urbana. Además, la paralización limita estrategias de prevención del delito.
El Municipio sostiene que la ciudad no pide favores, sino que usa su presupuesto propio. Poveda criticó intentos de control centralizado desde escritorios remotos. Por otro lado, enfatizó que los procesos contractuales están verificados exhaustivamente. En este sentido, la alcaldesa subrogante Tatiana Coronel ya posee la certificación requerida.
Razones administrativas y respuestas legales
El SERCOP argumenta suspensiones por falta de certificación de la máxima autoridad. Sin embargo, el Municipio rebate que la ley exige esto solo a operadores directos. La delegación al Director de Compras Públicas cumple con requisitos. Además, no existe base normativa para la interpretación aplicada. Por consiguiente, se califica de arbitraria.
En noviembre de 2025, las suspensiones afectaron la difusión de información institucional. Mientras tanto, el Cabildo alertó sobre interferencia en transparencia. En diciembre, los bloqueos incluyeron contratos con la Cruz Roja para ejecución humanitaria. Por otro lado, SERCOP alegó irregularidades sin detalles claros.
El director de SERCOP, José Neira, respondió en instancias previas defendiendo criterios técnicos. Sin embargo, municipios como Quito y Guayaquil acusan arbitrariedad. Además, el contexto político incluye críticas de Álvarez al Gobierno nacional.
El Municipio planea presentar justificaciones técnicas ante SERCOP en los plazos establecidos. Además, evalúa acciones legales si persisten bloqueos. Mientras tanto, continuará ingresando nuevos procesos anuales.
Consecuencias y perspectivas futuras
Según la administración municipal, la paralización sostenida afecta directamente a los guayaquileños. Los proyectos responden a demandas urbanas, sociales y de seguridad.
Por ejemplo, el mantenimiento de parques deportivos promueve recreación saludable. Además, la señalización semafórica reduce congestión vial.
Poveda concluyó que estos actos demuestran “odio por la ciudad”. Mientras tanto, enfatizó el rol disuasivo de las luminarias contra delincuentes. En este contexto, la suspensión compromete la prevención del crimen. Por otro lado, programas como CETAD forman parte de la recuperación social integral.
Voces de la oposición y respaldo ciudadano
Quito también reportó suspensiones similares en 2025. Además, la AME denuncia deudas millonarias que limitan la ejecución. En este sentido, los bloqueos administrativos se perciben como herramienta política, aseguran desde el municipio de Guayaquil. Por otro lado, SERCOP defiende su rol regulador.
Según el municipio, socialmente, la interrupción de CETAD afecta a los vulnerables con adicciones. Esto incide en criminalidad estructural. Mientras tanto, el mantenimiento de Metrovía asegura una movilidad sostenible.
Opositores al Gobierno central respaldan denuncias del Municipio. Por ejemplo, AER criticó los bloqueos a la publicidad en 2025. Esto afecta la libertad de expresión institucional. En este contexto, se une a reclamos por transparencia. Ciudadanos expresan preocupación en redes sociales.
Leave a Reply