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La Superintendencia de Compañías notificó el reciente miércoles 18 de febrero de 2026 la intervención de la empresa Gráficos Nacionales S.A. (Granasa), firma responsable de la edición de los diarios Extra y Expreso.
La medida, ejecutada en Guayaquil, busca supervigilar la marcha económica de la compañía y corregir presuntas anomalías en el registro de sus socios.
La autoridad designó a la abogada Elizabeth del Pilar Jiménez Franco como interventora, en medio de un conflicto legal por el 40% del paquete accionario que la editora califica como una acción administrativa sin fundamento judicial.
La intervención de Granasa
Según el organismo de control, Granasa se encuentra incursa en la causal prevista en el numeral 5 del artículo 354 de la Ley de Compañías, relacionada con el cumplimiento de auditorías externas y la transparencia en el registro de accionistas.
La resolución técnica indica que la intervención tiene como fin evitar perjuicios a socios y terceros. La interventora designada deberá presentar informes mensuales sobre la situación financiera y administrativa de la editora para propiciar las correcciones que el Estado considere necesarias.
El origen de esta decisión administrativa se remonta a una disposición del 29 de diciembre de 2025, cuando la Superintendencia ordenó a Granasa revertir el 40% de sus acciones que pertenecen a Ingrid Martínez desde el año 2020.
El objetivo de la autoridad es que dichos títulos regresen a la empresa Veranera S.A., entidad que actualmente se encuentra en proceso de liquidación, lo que ha generado un complejo escenario jurídico sobre la propiedad real de los activos de la editora.
Postura de la defensa y contexto legal
Por su parte, el abogado de la compañía, Eduardo Carmigniani, publicó un comunicado este 19 de febrero en el que sostiene que no existe una orden judicial firme que anule la transferencia de acciones realizada hace más de seis años.
Carmigniani enfatizó que cualquier reversión de este tipo requiere la anuencia expresa de los involucrados o un fallo judicial ejecutoriado, calificando la actuación de la Superintendencia como un intento de desempolvar un proceso administrativo que carece de relevancia actual.
La intervención ocurre en un momento de fricción política. Organismos internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) han manifestado su preocupación, sugiriendo que estas medidas podrían constituir represalias indirectas por la línea editorial de los diarios.
Granasa ha señalado públicamente que estas acciones administrativas coinciden con su postura crítica frente a la gestión del presidente Daniel Noboa, aunque el Gobierno sostiene que se trata de un proceso técnico regular.
Implicaciones para la libertad de prensa
El sector de los medios de comunicación en Ecuador sigue de cerca el proceso, pues Granasa es una de las editoras más influyentes del país.
La designación de una interventora con facultades de control económico ha despertado alertas sobre la autonomía de los medios frente a los entes reguladores estatales.
Hasta el cierre de esta edición, la empresa no ha emitido pronunciamientos adicionales sobre si recurrirá a acciones de protección constitucional para frenar la medida.
El marco legal de la Ley de Compañías otorga a la Superintendencia la potestad de actuar de oficio cuando detecta irregularidades en los libros sociales.
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