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La ciudadana ecuatoriana Ebony Stefani Y. M. arribó el 30 de enero de 2026 al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, extraditada desde Chile.
La mujer es requerida por la Unidad Judicial del cantón Montalvo, en la provincia de Los Ríos, bajo cargos de explotación sexual y abuso reiterado contra dos hermanos menores de edad.
Según los informes judiciales, las víctimas habrían contraído el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como consecuencia directa de las agresiones.
La operación de traslado fue el resultado de una coordinación internacional entre la Policía Nacional del Ecuador, la INTERPOL y la Oficina Central Nacional (OCN) de Santiago de Chile.
La procesada mantenía una notificación roja vigente tras haber abandonado el país por la frontera sur, cruzando hacia Perú y posteriormente estableciendo su residencia en territorio chileno para evadir a la justicia. Al llegar a territorio ecuatoriano, la mujer evitó mostrar su rostro ante los medios y autoridades presentes.
Detalles del proceso judicial
Los hechos que motivaron la investigación se registraron originalmente en el año 2024. De acuerdo con el expediente fiscal, la acusada aprovechaba un vínculo de confianza y amistad con los padres de las víctimas, quienes le encargaban el cuidado de los dos hermanos.
Durante este tiempo, la persona ahora procesada habría utilizado la entrega de dinero y diversos obsequios para manipular a los adolescentes y perpetrar los delitos de manera continuada.
En consecuencia, el proceso legal tomó un giro determinante en marzo de 2025, cuando el padre de los menores presentó la denuncia formal ante las autoridades competentes.
El denunciante relató que sus hijos fueron víctimas de engaños y falsas promesas que derivaron en actos de violencia sexual.
Tras su detención y arribo al país, la sospechosa fue trasladada bajo custodia policial hacia una unidad de aseguramiento transitorio para continuar con las etapas procesales correspondientes.
Diagnóstico médico y posibles sanciones
Por otro lado, la detección del caso se produjo luego de que los menores manifestaran síntomas de salud que alertaron a su entorno familiar.
Debido a esto, fueron trasladados a un hospital público en la ciudad de Babahoyo, donde los exámenes médicos especializados confirmaron no solo el abuso sexual reiterado, sino también el diagnóstico positivo de VIH.
Actualmente, el sistema judicial procesa el caso bajo la tipificación de explotación sexual, agravada por las lesiones permanentes y el daño irreversible a la salud de las víctimas.
Según indicó la Policía Nacional tras la entrega de la ciudadana, la acusada podría enfrentar una pena de hasta 40 años de prisión debido a la gravedad de los delitos imputados y la concurrencia de infracciones. Las diligencias seguirán su curso en la provincia de Los Ríos para determinar la responsabilidad penal definitiva. (39)
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