JUSTICIA.
El caso Triple A, uno de los procesos penales más relevantes del Ecuador por presunto desvío de combustible subsidiado, entra en su fase decisiva. Este sábado 31 de enero de 2026 está prevista la instalación de la audiencia de juicio penal contra 22 personas naturales y jurídicas, entre ellas el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien porta un dispositivo de vigilancia electrónica.
La diligencia judicial se desarrollará en el Complejo Judicial Norte de Quito y, según el cronograma oficial, continuará el domingo 1 de febrero.
El proceso investiga un esquema de comercialización ilegal de combustible. Se presume que esta práctica habría generado millonarias pérdidas al Estado ecuatoriano e involucraría a empresas del sector hidrocarburífero.
El juicio del caso Triple A ha estado marcado por una serie de dilaciones procesales que han impedido su avance. De acuerdo con los registros judiciales, la audiencia ha sido diferida al menos en 13 ocasiones, principalmente por acciones impulsadas por las defensas técnicas de los procesados.
Entre los incidentes más frecuentes constan cambios reiterados de abogados, presentación de certificados médicos, solicitudes de nulidad y pedidos de copias certificadas del expediente. Fueron interpuestos incluso horas antes de audiencias previamente convocadas.
Estas estrategias legales han sido cuestionadas por los organismos de control como parte de un patrón de obstaculización del proceso penal, destaca la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH).
Uno de los intentos más recientes para frenar la audiencia fue presentado por Fuelcorp. Esta empresa solicitó la nulidad del tribunal alegando supuestas irregularidades en la designación de uno de los jueces. Este pedido deberá ser resuelto antes de que se instale formalmente el juicio./El Comercio
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