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La justicia ecuatoriana oficializó la reapertura de la investigación por la desaparición de David Romo, estudiante de Comunicación de la Universidad Central del Ecuador, tras cumplirse casi 13 años del suceso. La decisión, que llega tras la revocatoria de un archivo previo dictado en mayo de 2025, busca subsanar lo que la familia y la defensa técnica califican como una “deuda pendiente” del Estado.
Como parte del proceso se han realizado más de 5 mil diligencias que, hasta la fecha, no han determinado el paradero del joven ni los responsables de su ausencia. El caso inició la noche del 16 de mayo de 2013, cuando Romo, de 21 años, mantenía su última comunicación telefónica con su madre, Alexandra Córdova, mientras se desplazaba en un bus hacia San Antonio de Pichincha.
David Romo desapareció en mayo del 2013 en Quito
En dicha llamada, el joven alertó sobre la presencia de personas con apariencia policial, frase que no fue priorizada en las investigaciones iniciales. La denuncia formal no fue receptada sino hasta 96 horas después, debido a protocolos institucionales de la época que exigían esperar 48 horas para reportar desapariciones, retraso que impidió la geolocalización inmediata del dispositivo móvil.
Alexandra Córdova, en declaraciones recientes, denunció que la respuesta institucional durante el gobierno de Rafael Correa, específicamente bajo la gestión del entonces ministro del Interior, José Serrano, estuvo plagada de omisiones. Córdova señaló que Serrano insistió repetidamente en el archivo del proceso, una postura calificada como inusual por la familia.
La defensa del caso, liderada por el abogado Alex Bonifaz, sostiene que la investigación fue desviada mediante hipótesis sin sustento técnico, como la teoría de una clínica clandestina donde el joven habría sido incinerado. La Corte Provincial declaró la nulidad de varias actuaciones relacionadas con esta línea, al considerar que se basaba en testimonios inconsistentes.
La Fiscalía debe revisar todo el proceso
Córdova relató incluso actos de revictimización durante reconstrucciones de los hechos, donde se utilizaron animales para simular la supuesta incineración de su hijo, calificando el procedimiento como detestable e impactante. La reapertura del expediente implica que una nueva fiscalía deberá revisar las miles de fojas acumuladas y agotar líneas de investigación que fueron descartadas o mal ejecutadas.
El foco actual se centra en identificar posibles responsabilidades administrativas y penales de los funcionarios que intervinieron en la década pasada. Para Alexandra Córdova, este nuevo proceso representa la última oportunidad para corregir las fallas estructurales de un sistema que, en 2013, carecía de protocolos de búsqueda inmediata, manteniendo vigente la exigencia de verdad y justicia por la desaparición de David Romo.
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